DE UNA POLITICA DEL LIBRO A UNA POLITICA DE LA LECTURA 2.0

Porque fue la primera política cultural formulada después de la dictadura -la ley del libro data de 1993- no extraña que del mismo mundo de la lectura surja la primera política sectorial 2.0, que pretende actualizar las legislaciones de finales del siglo XX. Claro está que el énfasis es distinto, no sólo invertir el orden de los factores: primero lectura, luego libro. La iniciativa de la ley vigente estuvo en la Cámara del Libro que, con la Sociedad de Escritores de Chile, eran prácticamente actores únicos del sector. Hoy, con presencia activa de profesores, bibliotecarios, editores independientes y digitales, defensores de los derechos de autor, estudiantes, académicos del sector y por cierto, variedad de lectores, el desafío de una política es mayor. Y la lectura, como meta, es mucho más convocante que la mera alusión a uno de sus varios soportes: el libro.

El cambio ya se reflejó en la promesa de la candidata Michelle Bachelet: "crearemos el Plan Nacional de Lectura y una Política Nacional del Libro que haga de Chile un país de lectores y lectoras desde la primera infancia". El Plan se anunciará el 23 de abril, día del libro. La Política, en cambio, ya precisó su objetivo: crear condiciones para asegurar a todos los habitantes del país, incluyendo a los pueblos originarios con sus lenguas y a las comunidades tradicionales, rurales y de inmigrantes, la participación y el acceso a la lectura, el libro, la creación, el patrimonio y los saberes, protegiendo y fomentando la diversidad cultural y territorial, con equidad e integración social.

Con tal propósito, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, abrió desde agosto hasta fines de octubre del 2014, un diálogo público-privado en siete amplias mesas de trabajo en Santiago y quince en regiones, en las que participaron cientos de personas vinculadas a la lectura y al libro, quienes señalaron los principales problemas de cada ámbito y definieron objetivos y medidas. La temática consideró la creación; el fomento lector, lectura y educación; patrimonio bibliográfico; la industria y su internacionalización; la edición electrónica, y el marco jurídico e institucional.

Fue la activa Secretaría del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en colaboración con el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura, quién sistematizó las propuestas base para la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, la que fue presentada a las instituciones públicas que involucra, como el Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la Corporación de Fomento de la Producción, la Dirección de Cultura de la Cancillería, la Dirección de Promoción de Exportaciones, el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Infancia. Así, además de alinearlas y mantenerlas informadas sobre las demandas ciudadanas en la materia, el Consejo manifestó activamente su voluntad de llevarla adelante.

El documento, consensuado en el  Consejo Nacional del Libro y la Lectura, tuvo su sanción definitiva, el 6 de enero del 2015 en el organismo que determina las políticas culturales del país: el Directorio Nacional del Consejo Nacional de la Cultura. Según sus entusiastas redactores "la forma en que se realizó este proceso, en diálogo amplio con los actores involucrados, tanto públicos como privados, no tiene precedentes en el mundo de la lectura y el libro".

Tal política cuenta con ochenta y siete medidas que se distribuyen en cinco diferentes ámbitos: Lectura educación y fomento lector (25), Creación (15), Patrimonio bibliográfico (9), Industria, edición electrónica e internacionalización (29) y Marco jurídico e institucional (9).

Las más relevantes en cuanto a fomento son: rendir homenaje y entregar premios a figuras destacadas de las culturas indígenas, tradicionales y rurales de trascendencia local, regional y nacional. Promover la traducción desde y hacia las lenguas de los pueblos originarios. Fomentar proyectos productivos que permitan la edición de libros fáciles de leer, inclusivos y accesibles para todo público en formatos impreso, digital, audio y vídeo. 

En el área de creación son: asegurar la existencia de premios regionales de literatura, gestionados de forma local, para fomentar la creación, su valoración y visibilidad social. Dotar de mayores recursos y visibilidad nacional e internacional al premio anual Mejores Obras Literarias. Promover la anualidad del Premio Nacional de Literatura. Promover la creación de premios literarios al libro digital en diferentes categorías. Fomentar la defensa y el arraigo de la identidad local e indígena a través de la lectura y el libro.

Introducir patrimonio bibliográfico en el currículo educativo. Generar una línea de financiamiento para la investigación, rescate, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico nacional, regional, rural, de los pueblos originarios, agrupaciones vecinales y gremiales. Abrir un debate sobre la recuperación del patrimonio nacional actualmente en el extranjero. Estudiar la posibilidad de diseñar un sistema de donaciones bibliográficas.

Fomentar la bibliodiversidad en la industria editorial nacional y regional así como sus procesos de producción, comercialización e internacionalización del libro chileno mediante la creación de instrumentos de fomento productivo y promoción de exportaciones. Impulsar un debate a nivel de municipios sobre la exención de patentes a librerías y ferias dedicadas exclusivamente al comercio del libro. Fomentar la conversión de libros nacionales a soportes digitales para su distribución y conservación y asegurar la migración/emulación de la producción digital nacional.

En lo legislativo, se plantea actualizar la Ley del Libro utilizando, al igual que en 1993, el modelo de Ley inspirado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). Incluir una nueva definición de libro que incorpore la edición electrónica. Incorporar la oralidad y su preservación. Modificar la composición orgánica y funciones del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Ampliar la adquisición pública de libros, de modo de asegurar la distribución de ejemplares en las bibliotecas públicas y otras instituciones sin fines de lucro. Que el ISBN sea administrado por una entidad pública como la Biblioteca Nacional e incorpore la edición electrónica. Implementar un sistema de evaluación y seguimiento para la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, que disponga de estudios y estadísticas permanentes.

En definitiva, una ordenada evaluación y actualización de aquello que se elaboro, desde cero, a inicios de la larga transición política y que se ha ido complementando con el imparable ingreso del libro digital, la concentración editorial global y la efervescente aparición de los editores independientes, con más o menos furia, que han descubierto nuevos nichos en la literatura infantil, juvenil y atraído a singulares autores nacionales que no escatiman creatividad literaria y editorial.

De las viejas banderas, como el IVA o el precio fijo, nada. El compromiso del Ministerio de Hacienda  se limita a "informar las condiciones y beneficios que ofrece la actual Reforma Tributaria para los distintos actores de la cadena del Libro".

 

Se trata de una Política que dialoga con los grandes temas que ocupan al Gobierno  y al Consejo Nacional de la Cultura: la reforma educacional y un ministerio de las culturas. Habrá que ver si, tal como ocurrió en el orden de aparición legislativa en los noventa, la modificación a la Ley del Libro vuelve a ser un avance modular de la institucionalidad global de culturas -el camino corto-, o deberá esperar la creación del ministerio, el camino largo.

Ambos conducen a fomentar la lectura.