Desde la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en 2003, los gobiernos hicieron lo posible para instalarlo y luego desarrollarlo conforme a lo dispuesto por la ley. Primero, se encomendó la tarea a un conocedor de "la interna" del aparato público, el ex subsecretario de Educación José Weinstein; luego el bastón lo tomó una luchadora desde la sociedad civil por la creación del Consejo, la actriz y dirigente gremial Paulina Urrutia. Bajo el gobierno Piñera no se optó ni por lo uno ni lo otro, "sino todo lo contrario", un actor sin trayectoria en lo público ni en lo gremial. El resultado está a la vista, Luciano Cruz Coke optó por desarrollar su personal carrera política, sin deberse ni a compromisos gremiales ni a un cariño especial por el servicio público.
No se puede decir, en la hora de los balances, que su labor haya sido agotadora ni desgastante. Al menos en lo que a popularidad se refiere. Sin haber dejado una herencia notable, optó por el seguro camino de continuidad de lo positivo de administraciones anteriores, que no era poco -programa de infraestructura y centros culturales, iniciado el 2000; modificación de ley de donaciones culturales, dictada por primera vez en 1991- junto con agregar los aspectos más obvios de la coyuntura: un programa de reconstrucción patrimonial luego del 27/F y un ordenamiento interno del personal del servicio público que encabezaba.
Quizás lo más complejo de su gestión de tres años y tres meses fue dar la cara frente a determinaciones impresentables que no nacieron en su gabinete: la postergación de la segunda etapa del GAM; el recorte presupuestario del 50% que afecta a Matucana 100 y Balmaceda Artejoven y la pérdida "en la noche de los tiempos" del proyecto de ley del Instituto del Patrimonio. De ellas salió airoso, dejando la puerta abierta para que tales despropósitos puedan ser revertidos por una nueva administración, menos caprichosa.
Su sello quizás estuvo más bien en la actividad internacional, dónde se esmeró por que el Consejo cumpliera papeles dignos en la FIL de Guadalajara, la Bienal de Venecia y próximamente en la Cumbre Mundial de la Cultura de enero 2014, sin poder hacer lo mismo con la anunciada Comisión Fílmica que se desacreditó "en la puerta del horno" debido a una poco feliz alusión a la escasa sindicalización de los cineastas nacionales en una publicación oficial y la casi desconocida performance de uno de sus ejecutivos que terminó en manos del Consejo de Defensa del Estado.
La aludida falta de experiencia en el servicio público de él y sus cercanos, llevó a la caída de al menos uno de sus sub Directores por malas prácticas en licitaciones, a pesar de haber logrado un alto nivel de eficiencia en otros sistemas de manejo de los dineros públicos.
Quizás si su mayor cruz estuvo en tener que implementar, a como diera lugar, los reiterados anuncios presidenciales de crear un Ministerio de Cultura. Se negó a escuchar todas las inconveniencias que se le representaron desde diversos actores culturales y gremiales y logró que, a horas del último Mensaje Presidencial, la iniciativa fuera depositada en la Cámara de Diputados, dónde aún espera ser vista por vez primera el próximo 12 de junio, con paternidad nueva y destino más que incierto.
Tal vez el principal recuerdo de su trienal paso por el servicio público sea su ausencia de los grandes temas y debates que sacudieron al mundo de la cultura durante ese tiempo: la quitada de piso gubernamental a la iniciativa de beneficiar a las Pymes culturales con la Ley de Donaciones; la crisis de las salas de teatro independientes; la disolución de la Editorial Jurídica; la invisibilidad de pueblos indígenas y mujeres al constituir el Directorio Nacional; el posible asesinato de Neruda; los cambios en corporaciones culturales del Providencia y el Teatro Municipal de Santiago; las críticas oficialistas al Museo de la Memoria; el debate sobre la gestión de los museos militares; el eventual Museo Matta; las "asimetrías" en las Convenciones Nacionales complementadas por el bajísimo perfil del Directorio Nacional y el aún menor de los comites consultivos.
Agréguese a ello las quejas provenientes de las regiones, por ejemplo desde Chillán, y su más reciente ausencia en inauguraciones, conciertos, recitales notables, sin que apareciera un reemplazo ante comprensibles inconvenientes.
Los hechos dejan en evidencia que la preocupación ministerial estaba -legítimamente- en su futuro político, sea como parlamentario y/o como adalid de un nuevo movimiento.
Ante ello, el mundo de la cultura tiene también el legítimo derecho a reclamar una nueva autoridad que recupere los sueños, la capacidad de realizarlos o al menos intentarlo.
Para un mundo que fue capaz de contribuir decididamente en la Campaña del NO que terminó con una dictadura, no parece como una demanda excesiva, a la que se agrega ahora la de recuperar tres años y tres meses de continuidad y ausencia.
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