LOS LIBROS Y LA METRALLETA

En noviembre de 1985, atracó en Valparaíso un barco con una carga peligrosísima. Antes, en alta mar, lo habían abordado marinos armados, quienes registraron las bodegas. Se retiraron satisfechos. La denuncia de los organismos de seguridad era efectiva. El Almirante Hernán Rivera Calderón podía dar la orden que le permitía el entonces vigente Estado de Sitio: INCINERARLA.

No estoy hablando de droga dura, de pornografía, ni siquiera de publicaciones piratas decomisadas por orden judicial como está aconteciendo en Chile 2008 con alguna frecuencia. Estoy hablando de 15 mil ejemplares del libro “Miguel Littin clandestino en Chile” del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que llegaron con el sello de la colombiana Editorial Oveja Negra. Los libros fueron interceptados por orden del almirante jefe de la zona en estado de sitio e incinerados en el mismo puerto luego de variados trámites burocráticos que dejaron singular huella documental de esta atrocidad.

Este episodio vuelve a mi mente por la increíble información del Washington Post de que durante 2004 y 2005 en la sede Unesco de París se pagó por destruir unos 100.000 ejemplares de distintas obras, las que fueron convertidas en celulosa. Quiero dejar registro 23 años después porque, cuando aconteció lo de García Márquez, sólo fue publicado en una edición de prueba –el número cero- del que sería el diario La Época.

Llegaba de un viaje al exterior y me encontré con reiterados mensajes del agente de aduanas que actuaba ante dicho servicio, debido a mi condición de representante en Chile de la Editorial Oveja Negra: “llámeme por favor, van a quemar sus libros”. Me pareció tan inverosímil que partí a Valparaíso a golpear la puerta principal de la Intendencia, en Plaza Sotomayor. Por señas, me indicaron desde el interior que la entrada estaba por la Plaza de Justicia, detrás de barricadas de sacos areneros y marinos fuertemente armados con trajes en el tono, arena. Me identifiqué y entregué mi carnet de identidad. Pedí hablar con el responsable de esta supuesta amenaza. Varios hombres armados se movieron hacia el interior hasta que uno de ellos me señaló que me recibiría “mi teniente Vega”. Subí al señorial segundo piso, escoltado por una metralleta tan larga como alto su portador. Debo dejar constancia que tan proporcional pareja se mantuvo a mi lado durante todo el relato que sigue. “Tome asiento. ¿En qué lo puedo servir señor Navarro?” me recibió Vega con el uniforme y la caballerosidad habitual de los miembros de la Armada. Le expliqué el motivo de mi visita tan inesperada. Tomó el teléfono, marco un anexo y repitió mi pregunta. Escuchó a su interlocutor, colgó y con la misma cara impávida: “No se preocupe, ya los quemamos”.

Salí, dejando abandonados tanto mi carnet de identidad como mi capacidad de asombro. Caminé hasta La Rotonda, a una cuadra de allí, y ordené un whisky doble. Luego pedí que me llevaran a una oficina de telex para relatar, por esa vía, a Colombia lo sucedido.

Cuando le conté al agente de aduanas sufrí otro impacto: “Acabo de ver los libros. Están en el Sitio (no recuerdo el número). No los han quemado aún”, me dijo. Partió entonces una carrera frenética por impedir el incendio. Como ninguna autoridad chilena se hacía cargo, me dirigí al consulado de Colombia. Un eficiente cónsul llamado Libardo Buitrago (sí, el mismo) hizo de su tarea rastrear los ejemplares. Poco a poco fueron llegándole pistas: que pasaron por la puerta Simón Bolívar con tal fecha; que están depositados transitoriamente en el sitio tanto, hasta la última comunicación fatal: Acta de Incineración, se llama. Allí aparecen los nombres de los funcionarios de Investigaciones que conforme a la orden del Jefe de Zona en Estado de Sitio procedieron, a la hora informada, a encender los fósforos y dar por eliminada esa peligrosísima carga.

Cuando la destrucción de libros vuelve a planear en el horizonte de la mano de otro poco juicioso funcionario, que debe haber deseado limpiar bodegas para recibir otros ejemplares no distribuidos y que probablemente tampoco serán leídos, vale la pena recordar que otros libros sí están llegando a sus lectores, sea por la vía de una decorosa devolución de nuestra centenaria Biblioteca Nacional a su par peruana, la que retruca replicándolos virtualmente para que podamos compartirlos como hermanos que somos; sea por la vía de los muchos títulos que se presentarán y regalarán con motivo del día internacional del libro.

Y para tener presente que nunca más en Chile podemos llegar a considerar al libro una carga peligrosa.

Aunque quienes lo pensaron, entonces, sigan acusando Ministros, ahora.

Aunque algunos, muy pocos, de quienes no lo pensaban entonces, tengan una muy corta memoria. Más corta que la metralleta del día aquel.

EL PLAN DEL MINISTRO PÉREZ Y LA GESTIÓN CULTURAL

¿Cuántos dolores de cabeza se habrían evitado en Chiledeportes si los fondos se asignaran como en el Fondart?¿Cuántas quejas por el bajísimo presupuesto de compras de obras de arte de que dispone en Museo de Bellas Artes se evitarían si detrás de él existiese una corporación mixta que allegara fondos privados al empeño? ¿Cuántos riesgos de la aún deteriorada Basílica del Salvador se habrían evitado a los paseantes si su restauración la hubiese emprendido una corporación privada, como en otros templos?

Estas preguntas tienen relación con la propuesta del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en Icare el 8 de abril, El Estado que Chile necesita, que busca mejorar la gestión pública. Algunos de esos avances programados están ya presentes en el mundo de la gestión cultural. Por tanto, puede generarse un diálogo de mutua colaboración entre el mundo de la gestión pública y la no menos pública gestión cultural sin fines de lucro.

El Ministro, al anunciar medidas de mediano plazo sostuvo: “En el campo de las nuevas alianzas público-privadas para abordar temas país, es indispensable contar con una institucionalidad adecuada que pueda cumplir con tan importante objetivo. En este sentido, me inclino por la idea de más y mejores corporaciones público-privadas, de estructura mixta, funcionamiento transparente, metas claras y flexibilidad administrativa para abordar los desafíos que nuestro futuro exige”.

Estas alianzas son pan de cada día en el terreno de la cultura. Están presentes en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es encabezado por un órgano colegiado en el que ocho de once integrantes provienen de la sociedad civil y en cada una de las regiones y los consejos sectoriales. Sus fondos concursables son asignados por estructuras participativas del mismo tenor, una de las cuales, FONDART, acaba de ocupar según estudio de Participa, el primer lugar entre los subsidios públicos más transparentes. Cada vez más corporaciones y fundaciones culturales privadas sin fines de lucro operan con estructuras mixtas, funcionamiento transparente, metas claras y flexibilidad administrativa, lo que les permite actividades de gran alcance cofinanciadas por privados. Este tipo de organizaciones mixtas están detrás del FITAM, Matucana100, Balmaceda 1215, las Orquestas Juveniles, el Teatro Regional del Maule o las Temporadas Beethoven, por mencionar sólo algunas.

Señaló tambien Pérez Yoma que “la puesta en marcha durante este año de la ley de transparencia y acceso a la información pública dejará atrás los vestigios de opacidad permitiendo que la transparencia sea el principio rector de la función pública. Un Estado más transparente es un mejor Estado: más probo, desde luego, pero más eficiente también, porque el control social motiva el esfuerzo por mostrarse a la sociedad de la mejor manera”.
Sin que medie ley alguna, el Centro Cultural Estación Mapocho, administrado por la Corporación Cultural del mismo nombre, publica anualmente, desde 1995, sus “Diez cifras” que resumen, en la misma cantidad de párrafos, los números más relevantes de su gestión (cantidad de público, número de funciones, días de exposiciones, aportes a la cultura, cantidad de dinero administrado por Ley de Donaciones, inversiones en el edificio que la alberga, porcentaje de fidelidad de sus audiencias) y que pueden ser conocidas por la ciudadanía en http://www.estacionmapocho.cl/

Concretando aún más, a Pérez le “parece que ya va siendo hora que impulsemos de manera decidida la tercerización de funciones que puede cumplir en forma mucho más eficiente el sector privado”. El mismo Centro Cultural Estación Mapocho, que recibe a más de 800 mil personas al año, tiene sólo catorce funcionarios de planta y desde sus orígenes, a comienzos de los 90, las funciones de aseo, seguridad, mantención, restoración, y los servicios profesionales como asesorías legales y contables y registro audiovisual, son delegadas en terceros que, en varios casos, son pequeñas empresas que se han desarrollado y crecido al alero de este centro cultural.

Esta tendencia no es ajena a muchos otros espacios culturales que estoy seguro estarán dispuestos a poner a disposición del Ministro la experiencia que han tenido para reforzar la propuesta que se hace a los chilenos de un “Acuerdo nacional para un mejor Estado”.

Una apostilla final, dirigida a los editores de medios de comunicación que buscan a los gestores “non profit” sólo en los sectores sociales y educacionales, como lo indican recientes reportajes: pueden buscar gerentes notables de entidades sin fines de lucro en el mundo cultural.

Y seguro los encontrarán. Así como también el Ministro.

GRATUIDAD CULTURAL EN COLOMBIA

Jorge Orlando Melo, un notable pensador colombiano en gestión cultural, ha enviado un comentario al artículo sobre La Misión que nos deja Morricone. Lo transcribo completo, con su autorización, y recomiendo su página web, cuya dirección está al final del texto:

He estado leyendo tus notas, sobre problemas muy similares en Chile y Colombia.
Aquí también hemos discutido mucho el problema de cómo orientar los subsidios a los espectáculos y eventos culturales.
En Colombia no rige la norma de gratuidad, de modo que puede ocurrir que las instituciones públicas de cultura paguen el 50 %-70% de los costos de una exposición de un Museo privado o de un espectáculo teatral.
La entidad privada cobra por la entrada una tarifa igual, y subsidia con el aporte estatal la entrada de todos, tengan o no recursos propios, estén o no dispuestos a pagar. (En algunos casos, como teatros, puede haber boletas de precio diferente, pero es evidente que esta diferenciación corresponde a la percepción del mercado de la calidad de los puestos, no a un criterio de reasignación del subsidio)
La propuesta mía, que tampoco resuelve todos los problemas, es que los subsidios a exposiciones y conciertos se conviertan en boletas reales, que se entreguen a los sistemas educativos o se vendan a ciertas categorías –estudiantes, receptores de subsidios sociales, jubilados, etc..-transfiriéndoles la mayor parte del subsidio. Así, los subsidios se dirigirían fundamentalmente a los niños y jóvenes, y secundariamente a los pobres. La razón de dar el subsidio a jóvenes sería usar los recursos estatales para formar y crear público, que eventualmente se aficione y pague, con base en el supuesto de que el consumo cultural requiere hábito y entrenamiento.

Sobre libros y bibliotecas habría mucho que comentar….

Te mando la dirección de mi página, del formato más tradicional de colección de documentos, donde hay mucha cosa sobre política cultural, bibliotecas, etc.

Jorge Orlando Melo www.jorgeorlandomelo.com

El libro en Chile: DIVISIÓN NO ES DIVERSIDAD

Dos crónicas de domingo –en Artes y Letras y Reportajes de La Tercera - ponen el acento en la falta de información para formular políticas del libro y la posible llegada de una cadena de librerías argentina a nuestro país. Amerita reflexionar sobre el tema.

Una estudiante de doctorado francesa que hace su tesis sobre las políticas de fomento del libro y la lectura en Chile me preguntaba, en mi condición de responsable de la tramitación de la Ley del Libro de 1993, las razones de que en nuestro país la aplicación de las políticas al respecto estuvieran separadas en dos instituciones públicas vinculadas al gobierno central: el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Para ella, con racionalidad gala, es incomprensible. Menos aún, existiendo desde 2003 una autoridad cultural de rango ministerial como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que surgió usando como modelo la Ley del Libro. Intenté explicarle que era un problema temporal y que pronto sería resuelto, como esa misma racionalidad lo indica, estableciendo una dependencia de la DIBAM del mencionado Consejo Nacional. No me lo creyó, justamente porque había entrevistado a otras personas del mundo del libro que eran más bien escépticas al dictado de la razón.

Es que en el libro y su mundo nacional parecen primar más bien las pasiones. Y de las pasiones nacen las divisiones. Las que afectan no sólo a los entes públicos que determinan políticas. Veamos.

Los editores. Están perfectamente divididos entre una Cámara tradicional con más de 50 años de vida y una asociación de editores independientes que acusan a la primera de entregarse a las grandes empresas extranjeras. Incluso se permitieron protestar cuando la Presidenta de la República designó como miembro del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a un integrante de la primera. Sus discrepancias se lucen públicamente con ocasión de la Feria Internacional del Libro mediante escarapelas que representan una vistosa D (¿de disidentes?), y una verdadera guerrilla de desgaste (D) por cualquier acción que la Cámara emprenda en ese privilegiado escenario. Bien correspondido por su contraparte que tiende más bien a ignorarlos.

Los escritores. Tienen históricas desavenencias entre la SECH y la mayoría de los autores nacionales que no se afilian a su asociación gremial y no le asignan la más mínima significación. Los gremialistas hacen poco por acercarse a sus pares dando periódicamente espectáculos públicos en los que se enrostran opacidad en los gastos y exhiben escandalosas boletas por compras de mercaderías al por menor. Baste recordar cualquier entrega de Premio Nacional de Literatura para comprobar que no se trata del gremio más solidario entre sus pares.

Las bibliotecas. Habiendo una sólida organización dependiente de la Sub Dirección de Bibliotecas Públicas de la DIBAM, que ha llevado Internet a localidades apartadas y toda su red, existe una no menos sólida red de Bibliotecas Vivas afiliadas a la Fundación La Fuente, cuya directora no desaprovecha ocasión para disparar contra las bibliotecas públicas, desde la cómoda posición del éxito de sus emprendimientos en varios de los más visitados centros comerciales del país. Una división de dos proyectos exitosos, más propia de una competencia entre cadenas de farmacias que entre entidades que supuestamente tienen una misión común, que es el fomento de la lectura.

El IVA. En algún momento, a comienzos de los 90’s, fue la principal bandera de lucha del mundo editorial. Su intento de remoción es uno de los fracasos más grandes de este mundo junto, tal vez, con la lucha contra la piratería. Tanto que ahora ya es casi un lugar común –ratificado en los reportajes mencionados- que el alto precio de los libros tiene mucho más que ver con los editores españoles, los importadores y libreros locales que juegan a los precios grandes para defenderse de un mercado pequeño, que el aludido impuesto. Mientras tanto, los editores locales demuestran, cifras en mano, que los precios de la producción chilena no superan, en promedio, los siete mil pesos de precio de venta de los libros nacionales.

La piratería. Aunque las campañas de creación de conciencia de que constituye un delito son cada vez más frecuentes (¿porqué no aliarse con las potentes imágenes anti-piratería de la industria del cine?), la opinión pública sigue pensando mayoritariamente que ante los altos precios de los libros, es sólo un pecado venial apoyar esta infracción por vía de la compra. La Cámara del Libro sigue acompañando y aplaudiendo a los policías que decomisan las especies que generan una nueva discrepancia: los libros incautados ¿deben destruirse o entregarse a las bibliotecas? Es evidente que el fruto de un delito no debe ser entregado a nuestros niños ni aún si fueran ediciones de cuidada calidad, condición que distan mucho de lograr los libros piratas, cuyos títulos suelen dar la razón a quienes acusan a las grandes editoriales de tener precios elevados. Son inexistentes los piratas que desearían reproducir un libro que cueste en el mercado menos de siete mil pesos.

Lo que nos lleva a observar el tipo de marketing que invade al mercado editorial. En los últimos años parece haberse inclinado la balanza por una ecuación muy simple: pocos títulos/grandes tiradas. Prefiero –dice el gran editor trasnacional- gastar dinero en promover un solo autor y editar muchas copias de él, con un marketing que hace creer que estamos en presencia de un éxito. Las librerías se cubren entonces de afiches, pendones, pancartas con el rostro de un autor que muchas veces no comprende –racionalidad francesa, tal vez- cómo la crítica y los lectores no comparten el entusiasmo por su obra que asegura la publicidad. ¿Merecen estímulos de la legislación sobre el libro y la lectura quienes los han convertido en un producto que se vende igual que un celular? Mejor dicho, ¿no merecerán más estímulos quienes apuestan a la ecuación muchos títulos/bajas tiradas? Porque finalmente la lectura es diversidad y buscar la creación hábitos. Por el camino de la uniformidad pareciera que no se cumplen las políticas públicas al respecto. ¿Qué habito de lectura se crea comprando libros impelidos por marketing sin contenido? ¿Se leerá cuando ese estímulo desaparezca? O aún peor: ¿cuando se oriente hacia otro tipo de productos?

Esta realidad es un desafío a las pequeñas editoriales que apuestan a la diversidad de títulos el que no es diferente al que tienen todas las industrias culturales y la gestión cultural: desarrollar audiencias fieles. En términos de libro, lo llamaría el “combate cuerpo a cuerpo” para diferenciarlo de los “bombardeos masivos” del marketing.

Recuerdo una máxima que dice que no existe persona que no tenga al menos un 5% de buena. Pues bien, no existe libro que no tenga al menos un mínimo porcentaje de lectores potenciales. La tarea es descubrirlos y llegar a ellos. Y esto se hace llevando los ejemplares hasta donde está el público potencial. Es decir, oferta directa y personalizada.

Otra máxima que merece ser respetada en este contexto es la unidad de quienes tienen una misión común. No es edificante el debate que hemos presenciado, por ejemplo, sobre el Maletín literario en el que autoridades que debieran tener algo que decir al respecto (Consejo del Libro) no tengan pito que tocar, o lo ocurrido con el legado de Gabriela Mistral que es disputado, medalla a medalla y poema a poema, por altas autoridades públicas, en público.

Las divisiones no son diversidad. Mientras esta última es recomendable y necesaria, las primeras sólo contribuyen a crear confusión, desconfianza e ineficiencia en las políticas públicas y… desconcierto en la estudiante francesa.

Casi tan grande como el que le provoca el Presidente Sarkozy.

Cosas de los libros.